En
mi anterior entrada, Ficción
democrática en España, ya hablé de la importancia de una real y eficaz
separación de poderes, criticando que en nuestro país no existe como tal. Pero
ahora voy a ir un poco más lejos en lo referente a la Justicia, porque a nadie
se escapa que es algo que funciona muy mal, prácticamente desde sus cimientos.
Si esto es así, ¿podemos decir que hay justicia en España?
La Justicia es una de las garantes
de la democracia y de la felicidad de los ciudadanos, que debe sentirse seguro
y satisfecho para poder hacer lo que el Estado demanda de ellos cada vez con
más fruición y es el pagar impuestos. Pero esto no es siempre así y el
ciudadano debe pagar impuestos se sienta seguro o no. Sobre todo en España, donde
la Justicia politizada impera por doquier.
Pero, ¿qué le pasa a la Justicia
española? Eso querrían saber muchos, pues la respuesta no es fácil. Todos somos
capaces de ver los errores en los que incurre diariamente el Tercer Poder:
saturación, lentitud y fallos fallidos. Lo que es incomprensible es la
sensación de indefensión en la que nos encontramos los ciudadanos y la apatía
general de los políticos hacia ella. Si todos y cada uno de nosotros nos damos
cuenta de los problemas de la Justicia española, ¿por qué nuestros políticos no
hacen nada por ponerles remedio? Me inclino a pensar que les da exactamente
igual porque los ciudadanos los vamos a votar independientemente de lo que
ellos hagan en su legislatura. Quizá obtengan menos votos, pero recabarán los
suficientes para mantenerse en sus puestos, que es, al fin y al cabo, lo que
les importa de verdad.
Y es que los ciudadanos estamos un
poco hartos de la frase «no debemos legislar en caliente», que suelen soltar
los que nos gobiernan cuando salta cualquier escándalo, ya sea criminal o civil,
que cree alarma social. Pero claro, a esta frase hay que sumarle el hecho de
que tampoco se legisla, o muy lentamente, estando «en frío», una vez se haya
desvanecido esa alarma social. Por tanto, entre que ni legislamos en caliente
ni en frío, la casa sin barrer.
Pero, ¿qué tiene que ver la
legislación con la Justicia? Pues en este país todo, porque, como ya dije, no
hay una verdadera separación de Poderes aquí y el Poder Judicial depende por
completo de los políticos. Ahora, si fuera el único problema, de acuerdo, pero
es que hay muchos más. Y uno de los más controvertidos radica en la cuestión de
los funcionarios. Todos sabemos que hay una gran cantidad de funcionarios en
España (y que todos queremos serlo, por diversas razones) y que el sistema
funcionarial español es inoperante. Esto se manifiesta con mayor fuerza en la
Justicia, puesto que, a excepción de los abogados y procuradores privados, la
mayoría de los actores de la Justicia son funcionarios. No creo que los
funcionarios deban ser blanco de nuestras críticas, en líneas generales, puesto
que, como en botica, hay de todo. Y claro, en un departamento donde trabajan,
por ejemplo, 10 funcionarios, no creo exagerar si digo que al menos 2 o 3 de
ellos no harán su trabajo de forma correcta, o no irán a trabajar de forma
habitual, poniéndose malitos con más asiduidad que si trabajasen en el ámbito
privado, o, simplemente, pasarán de todo. ¿Qué ocurre? Que de los 10 sueldos
que se pagan, esos 2 o 3 podrían ser ahorrados a las arcas del Estado. Pero no,
no sólo eso, sino que finalmente estaremos pagando 11 sueldos, porque habrá que
contratar a un interino para sustituir a los 2 o 3 que, de forma habitual,
tienen depresión o les duele mucho la espalda, porque, además, no se suele
sustituir a todos los funcionarios que están de baja, con lo que realmente
habría que estar pagando 12 o 13 sueldos, dejando el marrón al resto de funcionarios
que sí hacen bien su trabajo. Y éste es el problema añadido, ya que esos 7 u 8
funcionarios que sí hacen bien su trabajo, tienen que cargar con el trabajo de
los otros, con la quemazón que conlleva ver, diariamente, cómo tu esfuerzo no
se ve recompensado y percatarse de la inexistencia de diferencia salarial entre
el que hace bien su trabajo y el que no.
¿Por qué ocurre esto? ¿De dónde nos
viene? Aunque nos creamos ciudadanos de un país muy moderno, realmente
arrastramos complejos que ya nos eran inherentes desde el siglo XIX. Uno de
ellos, y que afecta directamente al tema funcionarial, proviene de la
alternancia de gobierno de los partidos Conservador y Progresista de la época
de la Restauración. Para evitar que los funcionarios afines al otro partido
fueran puestos de patita en la calle una vez que se cambiase el gobierno,
sustituyéndolos por funcionarios más cercanos, se creó la figura del
funcionario «fijo». Pero en España, más que «fijo», está «clavado». Es muy
difícil (no imposible, pero casi) echar a un funcionario. Para ello debe
cometer un delito. Repito, para los funcionarios que les moleste mi forma de
pensar, que sólo abogo por echar a los funcionarios que no hacen bien su
trabajo, sobre todo porque entorpecen el buen funcionamiento de las
administraciones, en este caso de la Justicia en particular, y que obligan a
sus compañeros que sí trabajan bien a realizar el doble de trabajo. Por eso, sólo
debería protestar contra mi comentario todo aquel funcionario que sea
consciente de que no hace bien su trabajo y que, si fuera un empleado de la
empresa privada, hacía tiempo que estaría en la calle.
Y el tema del funcionariado tan sólo
es uno de los que subyacen en la problemática de la Justicia. Otro de los más
importantes es la extirpación de la empatía a que se ven sometidos una vez que
acceden a su puesto de trabajo. Los jueces (aunque también los secretarios y
otros funcionarios de Justicia) no parecen empatizar para nada con los
ciudadanos de a pie, que son, al fin y al cabo, los que pagan sus sueldos.
Nunca se ponen en el lugar de éstos y se remiten, siempre, al cumplimiento de
la ley. No soy abogado ni he estudiado derecho, pero tengo el suficiente
conocimiento para saber que las leyes españolas tienen cierto carácter de
ambigüedad, por lo que los jueces, sobre todo, pueden actuar dependiendo de las
circunstancias y no escudándose en su obligado cumplimiento de las leyes. Pero esto
no sólo lo hacen los funcionarios de Justicia, sino también la policía. A mi me
ha dolido mucho ver por televisión cómo la policía ha actuado sin
contemplaciones en casos de desahucios, de flagrante injusticia, expulsando de
su casa a una señora mayor que además estaba en silla de ruedas. Sin llegar a
meterme en el tema de cómo se ha permitido a los bancos dirigir nuestro país,
pues daría para un escrito completo, uno se pregunta el porqué los miembros de
la policía, ya sea nacional o local, no se han planteado en ningún momento la
inmoralidad de la orden recibida. Me recuerda a lo ocurrido en los campos de concentración
y de exterminio de hace 70 años, salvando las distancias geográficas,
temporales y consecutivas finales. Habría que preguntarse si ese policía, que
amenaza con la porra a la anciana inválida para que abandone su casa, se
pondría en contra de una orden para dar un tiro en la nuca a tal individuo o
gasear a este otro. Quizá esos policías sean los primeros en criticar las
imágenes del trato que se está dando a los refugiados sirios en los países del
este de Europa, cuando están en su casa ante el televisor, rodeados por su
familia.
Tampoco se puede olvidar que si la
Justicia en España no es igual para todos, porque como ocurre en el resto del
mundo civilizado los que tienen más dinero pueden contratar a mejores abogados,
desde la aprobación por parte del Gobierno de las Tasas Judiciales, la brecha
se ha ensanchado más si cabe.
Pero no acaba ahí la cosa, sino que
además el Gobierno se adjudica el poder de indultar a quien desee. El indulto,
que en un principio era un concepto precisamente para contrarrestar y compensar
las injusticias de un sistema judicial obsoleto y con poca cintura, se ha
convertido en la forma en que los políticos se salvan los unos a los otros.
Algo que se debería usar con cuidado y de forma quirúrgica, se ha transformado
en un uso cotidiano, con más de 500 indultados por año, casi todos ellos
políticos y empresarios, pero pocos ladrones de comida con los que dar de comer
a sus hijos.
En definitiva, la Justicia en España
se imparte de forma irregular, lenta e ineficaz, no de forma similar para
todos, por lo que es injusta, ya que el que sale beneficiado también ha sido
tratado injustamente, por muy contento que esté. Podría ser que la solución
pase por quitar la Justicia de manos de los políticos y darle cierta
independencia real, convirtiendo sus cargos más importantes en elegibles por el
pueblo, que es, después de todo, quien les paga y los sufre.
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